Jueves, 28 de Marzo de 2024
28/03/2024 23:12:55
Panorama económico
Pensiones en riesgo

El Ministerio de Desarrollo Social prepara una modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado

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Sábado, 19 de agosto de 2017
La resolución está a la firma de la titular de esa cartera, Carolina Stanley, quien lo haría después de las elecciones de octubre. La medida establece que para obtener el beneficio habrá que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios distintos y más restrictivos que los que existen ahora para la aprobación de las pensiones por invalidez, enfocados en las posibilidades de trabajar del damnificado cuando se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Sobre un millón de titulares de este derecho, solo 400 mil poseen el CUD, lo que da cuenta del riesgo de recortes masivos en la cobertura y la limitación hacia adelante para el otorgamiento de nuevas pensiones.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, la política en esta área ha sido de ajuste y estigmatización de los pensionados, a quienes se los ubicó bajo un manto de sospecha por recibir subsidios que no les corresponderían. El mensaje de las autoridades fue que se trata de un coto de clientelismo político del gobierno anterior, que elevó el universo de personas atendidas desde 350 mil en 2003 a 1 millón 600 mil en 2015, considerando la totalidad de las pensiones no contributivas. Bajo esa mirada, durante la gestión de Stanley se produjeron suspensiones y bajas generalizadas, que rondaron las 100 mil en 2016 y unas 70 mil en el primer semestre de este año, hasta que la difusión pública de los casos desató un escándalo que forzó a Desarrollo Social a frenar las cancelaciones. Pese a la promesa de la ministra y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que se restablecerían las prestaciones, hasta el momento eso ha ocurrido solo parcialmente. No hay números oficiales que precisen la cuestión, mientras que estimaciones sindicales señalan que aún quedan más de 100 mil sin reponer, la mayoría del año pasado. Además, se multiplican las denuncias de solicitantes que deben esperar meses y meses hasta la aprobación de su trámite, paralizados por causas burocráticas entre ocho meses y un año como media general.


Sábado, 19 de agosto de 2017

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