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El Congreso cerró toda posibilidad legal y siguen las protestas
Perú ya no tendrá adelanto de elecciones este año
Los peruanos volvieron a las calles mientras los legisladores de ultraderecha negaron el mayor reclamo popular.
Domingo, 19 de febrero de 2023
Página/12 en Perú
Desde Lima
Un día después de que el Congreso cerró el periodo de sesiones de la Legislatura sin aprobar el adelanto de elecciones para este año, nuevas protestas tomaron las calles de Lima y otras ciudades. Al cierre de esta nota, comenzaba la represión contra los manifestantes, que eran miles en el centro de la capital. “Dina, asesina, cuántos muertos más para que renuncies”, coreaban. Fuertes cordones policiales habían cerrado calles y plazas del centro para impedir una movilización pacífica.
Una reciente ordenanza del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder del partido fascista Renovación Popular (RP), prohíbe las movilizaciones en el centro, que desde hace semanas es escenario de multitudinarias protestas contra el Gobierno y el Congreso. A pesar de esta prohibición que colisiona con el derecho constitucional a la protesta, miles llegaron el sábado a manifestarse. Esa norma le da una “cobertura legal” a la represión policial contra manifestaciones pacíficas, una constante desde que comenzaron las protestas. Hace unos días, López Aliaga se reunió con la presidenta Dina Boluarte.
El alcalde del tradicional distrito de Miraflores, otro punto de concentración de manifestantes, también del partido RP, ha seguido el mismo camino autoritario del alcalde de Lima. Pero igual este sábado un grupo de manifestantes llegó a este distrito, donde había fuerte presencia policial. Con estas normas que prohíben manifestaciones pacíficas se busca desmovilizar las protestas, lo que no se ha conseguido. En los últimos dos meses ha sido permanente la respuesta represiva, incluso con disparos contra manifestantes, los que han matado a 48 pobladores, la mayor parte en regiones andinas.
La derecha comienza a maniobrar para asegurar impunidad por las violaciones a los derechos humanos -asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas- cometidas durante la represión. El partido ultraconservador Avanza País ha propuesto una amnistía para policías y militares acusados de disparar contra la población. La ultraderechista Renovación Popular pide que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar procesos y sanciones. Esta ofensiva por la impunidad se ha lanzado cuando organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado la represión, calificándola como “crímenes contra el derecho internacional” y “crímenes de lesa humanidad”, y han exigido que los responsables de haber disparado y ordenado disparar, sean juzgados.
Las calles demandan el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para 2026. Pero una mayoría -73 por ciento según una reciente encuesta- exige sean este año. En el Congreso un sector de la derecha bloqueó esa posibilidad. Después que en las últimas semanas cuatro propuestas para adelantar las elecciones no alcanzaron los votos necesarios, el viernes -último día de sesión de la legislatura- se presentó una propuesta para revivir ese debate.
La izquierda en su conjunto y algunos sectores de derecha apoyaron volver a debatir y votar el adelanto de las elecciones. El legislador ultraderechista y almirante en retiro Jorge Montoya pidió una reconsideración de la votación que aprobó esa propuesta. El presidente del Congreso, el general en retiro José Williams, otro militar de extrema derecha, en lugar de dar pase a una segunda votación que habría ratificado lo ya aprobado, encajonó el pedido de Montoya, con lo que el tema del adelanto de elecciones quedó congelado. El general Williams cerró el círculo levantando sorpresivamente la sesión, sin anunciar su ampliación hasta el 28 el febrero -el 1 de marzo comienza la próxima legislatura- para dar tiempo al debate.
Por tratarse de un cambio constitucional, el adelanto de elecciones debe ser aprobado por dos tercios de la cámara -87 votos- en dos votaciones en la misma cámara. Si no se alcanzan esos votos, con el apoyo de 66 legisladores, esa decisión tendría que ser ratificada en un referéndum. Para que haya tiempo de organizar las elecciones este año, era necesario que el adelanto se apruebe este mes y se ratificara en segunda votación en la próxima legislatura en marzo. Eso ya no será posible. Si en la próxima legislatura el adelanto de elecciones alcanza los 87 votos, se tendrá que esperar hasta la siguiente, que comienza a fines de julio, para que esa votación sea ratificada. Con el asunto postergado, el tiempo no da para elecciones este año. Tampoco daría en caso de que se vaya por el camino de la ratificación en referéndum. En el mejor de los casos, las elecciones podrían ser en 2024. La alternativa que ofrece la ultraderecha que se opone al adelanto de elecciones, es más represión para sostener a este gobierno.
El mismo día que se bloquearon las elecciones para este año, el pleno del Congreso declaró “persona non grata” al presidente colombiano Gustavo Petro, ratificando una decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue aprobado con 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones. El Congreso pidió que se le prohíba el ingreso al país. Los distintos grupos de derecha cerraron filas contra Petro, a quien algunos legisladores llamaron “terrorista” por su pasado guerrillero. Hace semanas, como parte de sus ataques contra los gobiernos y líderes progresistas de la región, el Congreso declaró “persona non grata” al expresidente boliviano Evo Morales.
Hace unos días, Petro comparó la formación de miles de policías en el centro de Lima antes de marchar a reprimir, con un desfile nazi. Se trató de una puesta en escena policial amenazante que parecía organizada por un admirador del fascismo.
“Le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que sus calles también se están llenando de protestas”, declaró Boluarte este sábado. También se quejó contra el mandatario mexicano Manuel López Obrador, a quien le reclamó por no traspasarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú). AMLO dijo que no lo hará para no legitimar el gobierno de Boluarte. La cancillería peruana exigió se produzca ese traspaso y acusó al presidente mexicano de “injerencia”. El gobierno de Boluarte, también enfrentado a otros de la región como los de Argentina, Bolivia, Chile y Honduras, está cada vez más aislado. Dentro y fuera del país.
Domingo, 19 de febrero de 2023
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