La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, es investigada por la Justicia de Río de Janeiro por ofensas racistas contra un trabajador de un bar en Ipanema. El caso derivó en la retención de su pasaporte, la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de Brasil. El episodio ocurrió tras una discusión por el pago de una cuenta y quedó registrado en cámaras de seguridad. La causa se tramita bajo una legislación que equipara la injuria racial al delito de racismo.

              

Domingo, 18 de enero de 2026

La abogada argentina Agostina Páez es investigada por la Justicia de Río de Janeiro por ofensas racistas contra un trabajador de un bar en Ipanema, en la zona sur de la ciudad. El hecho ocurrió el 14 de enero y derivó en la retención de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la imposición de una tobillera electrónica como medida cautelar.

Según la denuncia y las imágenes incorporadas a la causa, el episodio se inició tras una discusión por un supuesto error en el pago de la cuenta. La mujer habría señalado al empleado, lo habría llamado “negro” de manera ofensiva y, mientras el trabajador revisaba las cámaras de seguridad del local, habría imitado a un macaco, reproduciendo sonidos del animal y utilizando la palabra “mono”, expresión considerada racista.

La investigación está a cargo de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha. En Brasil, la injuria racial fue equiparada legalmente al delito de racismo, con penas previstas de dos a cinco años de prisión y sin posibilidad de fianza. Por ese motivo, y ante el riesgo de que abandonara el país, la Justicia dispuso medidas restrictivas mientras avanza el proceso.

En su declaración ante la policía, la acusada sostuvo que los gestos no estaban dirigidos al trabajador sino a sus amigas y los calificó como una “broma”. También afirmó desconocer que ese tipo de conductas constituyen un delito en Brasil, aunque luego admitió que su reacción fue equivocada. Hasta el momento, su defensa no realizó presentaciones públicas formales.


El caso tuvo amplia repercusión en medios brasileños, que destacaron la rápida respuesta judicial y el uso de medidas cautelares en un contexto de legislación penal estricta contra el racismo. Más allá del desenlace judicial, el episodio volvió a exponer cómo hechos de este tipo son leídos en Brasil como parte de una problemática más amplia vinculada a la persistencia del racismo y a la responsabilidad de los Estados frente a conductas discriminatorias, incluso cuando involucran a ciudadanos extranjeros, con impacto directo en la imagen pública de los países de origen.

Domingo, 18 de enero de 2026

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