La ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, fija penas específicas para adolescentes y limita a 15 años el máximo de privación de libertad, con medidas orientadas a la educación y la reinserción social.

              

Lunes, 9 de marzo de 2026

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y crea un sistema específico de sanciones para adolescentes que cometan delitos antes de los 18.

La normativa quedó oficializada con la publicación de la ley 27.801 en el Boletín Oficial, diez días después de haber sido aprobada por el Senado, donde el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.


La administración Milei respaldó la reforma y aseguró que el eje de la iniciativa es fortalecer el orden público y la protección de las víctimas.
El Gobierno celebró la sanción del Régimen Penal Juvenil en el Senado
Bullrich fue la principal promotora del proyecto.


Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la Cámara alta aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno.
El nuevo esquema regula el tratamiento penal para jóvenes de entre 14 y 18 años que estén imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es promover el sentido de responsabilidad legal por los actos cometidos y favorecer la educación, la resocialización y la integración social del adolescente.

Un sistema de sanciones con medidas educativas
La ley introduce un esquema de sanciones que combina penas judiciales con medidas orientadas a la formación y la integración social.

Entre las herramientas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, actividades deportivas, recreativas o culturales y cursos de formación ciudadana. También se contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia en servicios de salud acordes a la edad del adolescente.


El régimen establece además sanciones que podrán aplicar los jueces, como amonestaciones judiciales, restricciones para acercarse a la víctima, prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, impedimentos para conducir vehículos y monitoreo electrónico.

Otra de las medidas previstas es la prestación de servicios comunitarios, que consiste en realizar tareas de interés social en hospitales, escuelas u organizaciones sin fines de lucro. La normativa también contempla mecanismos de reparación del daño causado a la víctima.

Privación de libertad como último recurso

En los casos en que corresponda una pena de prisión, la ley establece diferentes modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en centros especializados para adolescentes.

El texto dispone que los menores detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y que los institutos deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.


La nueva normativa crea un régimen específico de sanciones para adolescentes que cometan delitos antes de los 18 años.

Además, prohíbe la aplicación de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando el delito tenga una escala penal mayor.

Mediación, suspensión del proceso y derechos de las víctimas

El nuevo régimen también incorpora mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos, entre ellos la mediación penal juvenil, la aplicación de criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba.

La ley reconoce además derechos específicos para las víctimas, garantizando que puedan ser informadas sobre el avance de la causa, participar en el proceso y solicitar medidas de protección.

En los casos en que se determine responsabilidad por daños, el texto habilita la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los padres o responsables legales del adolescente, según lo determine la sentencia judicial.

Supervisión y principios del sistema

El cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la Justicia, que tendrán la tarea de realizar seguimientos periódicos e informes sobre la situación personal, educativa y social del adolescente.

Entre los principios que rigen el nuevo régimen figuran el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva de identidad de los menores involucrados.

El texto contempla la posibilidad de exigir a los padres o tutores la reparación de los daños causados por los menores.

La normativa además deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de menores, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adaptar su legislación al nuevo sistema.

Por último, se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar la implementación del régimen y coordinar su aplicación con las jurisdicciones provinciales.

Lunes, 9 de marzo de 2026

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