En los últimos días, la comunidad educativa de Corrientes se ha visto sacudida por la aparición de mensajes anónimos —escritos en bancos, paredes de baños y redes sociales— que anuncian supuestos ataques armados en las aulas. Lo que para muchos jóvenes puede parecer un «reto viral» o una «travesura» para evitar el dictado de clases, ha dejado de ser una cuestión escolar para convertirse en una causa judicial de gravedad.

              

Lunes, 20 de abril de 2026

En este contexto, el Ministerio Público recordó que estas acciones están tipificadas en el Código Penal Argentino (CPA) y no serán tomadas a la ligera. «No es una broma; es un DELITO y puede tener consecuencias para vos y tu familia», sentencia el comunicado.

Las penas: de la cárcel a las demandas millonarias

El marco legal vigente establece sanciones severas dependiendo de la naturaleza del mensaje:

Amenazas Anónimas (Art. 149 bis): Pueden conllevar penas de hasta 3 años de prisión.
Intimidación Pública (Art. 211): Aquellos que busquen infundir temor público o generar desórdenes amenazando con un delito de peligro común enfrentan hasta 6 años de cárcel.
Agravantes: Si en los mensajes se menciona o se emplean elementos peligrosos como explosivos o químicos, la pena se eleva hasta los 10 años de prisión.
Además del impacto penal, las autoridades hicieron hincapié en la responsabilidad civil. Los padres o tutores de los menores involucrados pueden enfrentar demandas por daños y perjuicios y por los elevados costos de los operativos de seguridad que se activan ante cada alerta.

El impacto en la seguridad pública

Desde el Ministerio señalaron que estas falsas amenazas no solo afectan la salud emocional de alumnos y docentes, sino que además movilizan recursos críticos. Fuerzas policiales, equipos de explosivos y protocolos de emergencia deben atender estas alertas, dejando desprotegidas otras áreas donde podrían estar ocurriendo emergencias reales.

Asimismo, recordaron que la idea de anonimato es falsa: «Los anónimos dejan rastro digital y físico», y la justicia cuenta con herramientas para rastrear el origen de estos mensajes, incluso si son borrados.

¿Qué hacer ante un mensaje amenazante?

Las autoridades recomiendan a la comunidad educativa seguir estos pasos:

No viralizar: Compartir el mensaje en grupos de WhatsApp o redes sociales solo aumenta el pánico y cumple el objetivo del infractor.
Aviso inmediato: Informar de inmediato a los directivos de la escuela.
No callar: Si se tiene conocimiento de quién es el autor, es fundamental hablar, ya que el silencio pone en riesgo a toda la comunidad.
Asistencia: El Ministerio también recordó que, si alguien atraviesa un momento difícil o tiene pensamientos de autolesión o de dañar a terceros, puede recurrir a la línea del centro de asistencia al suicida: 0800-345-1435.

Lunes, 20 de abril de 2026

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