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Una larga transición
30 de octubre de 1983: el retorno de la democracia
Concluida la Guerra de las Malvinas, renuncia Galtieri y asume la presidencia de modo interino el ministro Alfredo Saint Jean. La multipartidaria se pone en movimiento para “desempolvar las urnas”, un proceso que culminará recién a fines del año siguiente.
Lunes, 30 de octubre de 2017
En un hecho inédito en la historia argentina contemporánea, hijo de la soledad y la crisis extrema, el recién retirado general Reynaldo Bignone asume la presidencia de la nación con un solo voto, el del comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides quien −sin tomar debida nota de los acontecimientos− se anima a sostener todavía que “hay que profundizar el Proceso”. El 25 de junio el presidente designado, mantiene una reunión en el Congreso con los principales dirigentes políticos en la que se acuerda “en general” un plan de apertura política y solo tangencialmente se mencionan temas urticantes como la revisión de la “guerra sucia”. El 1 de julio Bignone asume la presidencia y fija su horizonte “con una misión clara y concreta: de institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984”. El nuevo gabinete se integra con una mayoría de civiles. Entre ellos está Domingo F. Cavallo, un hombre surgido de la Fundación Mediterránea de Córdoba que, como presidente del Banco Central realiza una operación de salvataje sobre la abultada deuda externa privada y la estatiza transfiriendo las deudas en dólares.Tiempo después la Junta Militar se recompone con el brigadier Augusto Hughes y el almirante Rubén Franco. Nuevos hechos de violencia terrorista demuestran que el pasado es presente: el empresario y publicista Marcelo Dupont es asesinado y se vincula el caso con el anterior asesinato de Elena Holmberg y a ambos hechos con el almirante Massera y toman estado público derivaciones argentinas de la logia Propaganda Due (P-2). En marzo del año siguiente tres nuevas muertes de dirigentes peronistas alineados con los Montoneros evidencian que aún el capítulo de la “guerra antisubversiva” no está clausurado. A poco de iniciarse la primavera de 1982, y a pesar de la prohibición oficial, los organismos de derechos humanos realizan un multitudinaria “Marcha por la vida” y poco antes, el cardenal Aramburu ha declarado que “un amplio informe sobre los desaparecidos es requerimiento esencial para que exista la reconciliación nacional”.
El 10 de noviembre la Junta hace públicos quince puntos a concertar con los partidos políticos para instrumentar la salida electoral, entre ellos, temas de la máxima trascendencia, como desaparecidos, Malvinas, deuda externa y corrupción. La dirigencia política y sindical considera inaceptables tales condiciones y moviliza sus fuerzas para imponer condiciones. Además, las dos centrales obreras -de “Brasil” y de “Azopardo”-, realizan una huelga general el 3 de diciembre y, por diversos motivos, se producen propuestas populares espontáneas en Cuyo y Lanús. El 16 de diciembre la multipartidaria, desconociendo el estado de sitio, realiza la “Marcha de la civilidad por la Democracia y la reconstrucción”. Sobre el final se produce una dura represión.
“La Policía Federal -señala Bignone-, cumpliendo órdenes precisas, reprimió severamente, después de aguantar a pie firme cuatro horas de insultos tremendos y escupitajos. Rápida y eficazmente, retomó el control de la situación”. En el tumulto, muere el trabajador Dalmiro Flores, un salteño de 28 años.
La presidencia de Bignone
A pesar de estos desencuentros Bignone logra cogobernar con los partidos políticos por detrás que, a la vez, lo critican y lo sostienen. La disolución del anterior régimen presenta un riesgo de crisis institucional que puede afectar a los propios partidos. La solución aceptada por todos es caminar pausadamente hacia las elecciones y el regreso a la democracia. Carlos Contín, vocero de la Multipartidaria expresa: “Tenemos que convencernos los unos a los otros, políticos y militares, de que no tenemos que tener miedos, que lo que vendrá no será castigo para nadie”; Alfonsín aclara que “llegó la hora de decirles a los militares que el pueblo no se junta para derrotarlos”; el precandidato justicialista Ángel Robledo insiste en que “el diálogo debe continuar”; el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi dice que “el gobierno está bien intencionado y quiere absolutamente llegar a la democratización”; el Partido Comunista convoca a un “acuerdo o convenio democrático, apoyado en puntos coincidentes” y Alan Romberg, vocero del Departamento de Estado norteamericano da “la bienvenida a la reafirmación del presidente Bignone para el restablecimiento de la democracia electoral”. A pesar de la profunda crisis, Bignone ejerce la presidencia un año, cinco meses y diez días, más tiempo que la suma de las gestiones de sus antecesores Viola y Galtieri.
El apoyo de los partidos políticos mayoritarios reunidos en la Multipartidaria y, en especial del justicialismo y el radicalismo fue decisivo para que ese período de transición se realizara de modo pacífico y ordenado facilitando la retirada de los uniformados a los cuarteles sin mayores sobresaltos: en el verano se acuerda el cronograma electoral y Bignone anuncia elecciones generales para el 30 de octubre y la entrega del gobierno para el 30 de enero de 1984 aunque, finalmente, el nuevo gobierno asumirá en diciembre, en coincidencia con el “día internacional de los derechos humanos”. El 14 de abril las sanciones patrimoniales definidas por la Conarepa a un grupo importante de dirigentes peronistas quedan sin efecto.
A fines de abril de 1983 el gobierno da a conocer un “Documento Final” que declara muertos a los desaparecidos, ya que “la información y explicitaciones proporcionadas es todo lo que las Fuerzas Armadas pueden dar a conocer”. A pesar de que recibe el aval de algunos sectores eclesiásticos y políticos, el intento fracasa: una multitud de treinta mil personas acompaña a las Madres de Plaza de Mayo para rechazarlo. Otro intento gubernamental fracasa en septiembre, la llamada ley de “Pacificación Nacional”, una controvertida autoamnistía. El decreto 2776 de octubre de 1983, en cambio, sí tiene efectos prácticos: ordena destruir los legajos y carpetas correspondientes a pedidos de paraderos sobre personas desaparecidas “por el procedimiento que en cada caso se considere más conveniente”.
Entre actos y elecciones
Los dos grandes partidos logran una afiliación multitudinaria, grandes actos, canalizando el entusiasmo por la apertura hacia el proceso electoral y generando una polarización entre las fuerzas fundamentales. “El partido radical -se señala en Historia de las elecciones en la Argentina de H. Sábato y otros autores- venía realizando desde hacía un tiempo sistemáticas investigaciones de opinión y tendencias políticas a cargo de grupos técnicos que revelaban altos índices de voluntad de participación partidaria. En función de ellas, los dirigentes radicales hablaban de un ‘registro aluvional’. En diciembre de 1971 la UCR contaba con 517.565 afiliados y el peronismo, en enero de 1972, contaba 562.456. Cuando finalizó la campaña de 1983. el primero sumaba un 1.400.000 adherentes y el segundo alrededor de 3.500.000. Fue una de las primeras señales claras de que la sociedad volvía a aceptar a los partidos y al mecanismo de las elecciones para definir quienes ocuparían el poder.”
Pero el número de afiliaciones, que hizo decir a sus dirigentes que “el peronismo era el partido más grande de Occidente” no alcanzó para asegurarle el triunfo. El 5 de septiembre el PJ aprueba la fórmula Ítalo Luder-Deolindo Bittel, pero se desprestigia crecientemente ante los votantes por su proceso preelectoral cruzado por agresiones, congresos amañados, denuncias de “chicaneo” y acción de patotas. Por el contrario, la UCR da con el hombre apropiado: Raúl Ricardo Alfonsín se presenta como un paladín de la civilidad. Su denuncia sobre un presunto pacto sindical-militar, corporativo y violento, logra gran impacto publicitario: “Ellos son el pasado, la democracia (nosotros), el futuro”. Las campañas electorales culminan con dos actos impresionantes. En uno de ellos el justicialista Herminio Iglesias -uno de los “mariscales de la derrota”, como lo llamarán después− quema públicamente un cajón fúnebre con las siglas de la UCR y provoca el entierro de su partido. Los indecisos votan a Alfonsín, prefieren la “democracia” a una enunciada “justicia social” con reminiscencias violentas. En ese mismo sentido hay un dato sintomático que revela aquella Argentina anterior dominada por la violencia: el estado de sitio, un régimen de excepción, había sido declarado durante el gobierno de María E. Martínez de Perón en noviembre de 1974 y prorrogado en octubre de 1975. Como el régimen militar no lo trató, continuó de hecho vigente. La “oportunidad adecuada” para levantar ese régimen de excepción fue hallada dos días antes de las elecciones nacionales de octubre. Resultaba casi obvio que era imposible realizar comicios con estado de sitio. El régimen de excepción había perdurado nueve años.
La difícil construcción
El 30 de octubre, Alfonsín obtiene un triunfo contundente con el voto de 7,7 millones de ciudadanos (52%) y derrota a Luder que suma 5,9 millones (40%). Sólo el 8% del electorado prefirió otras opciones. La composición del nuevo poder legislativo nacional significó 129 bancas de diputados y 18 senadurías para los radicales; 111 y 21 para el justicialismo y 14 y 7, respectivamente, para los otros partidos. En el ámbito provincial, la relación fue distinta; el PJ ocupó 12 gobernaciones, el radicalismo 6 y las otras agrupaciones, 3.
“Con la democracia se come, se cura y se educa” y el recitado del preámbulo de la Constitución Nacional como eslóganes y el escudito albiceleste con sus iniciales (coincidentes con las de la República Argentina), Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 poniendo fin de modo formal al llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Entre otros hechos significativos -destacan Floria y García Belsunce en su Historia de los argentinos-, “el 30 de octubre el peronismo perdió en elecciones libres y abiertas por vez primera desde su creación, hegemonía, proscripción, diáspora y retorno”. Se iniciaba, destacan, el tiempo de la transición hacia una democracia constitucional: “Cuando comienza el nuevo milenio, los argentinos debemos guardar la memoria y las lecciones aprendidas de un pasado crítico. Si bien se mira entre 1930 y 1983 los argentinos no habían llegado a conocer la plenitud de la ciudadanía democrática”.
En efecto, la realización de elecciones generales y la asunción de un presidente electo por la mayoría de la población serían, en ese sentido, solo un primer paso. La construcción de un régimen democrático, republicano y federal es una tarea que por definición involucrará más y más a toda la sociedad -no depende de un gobierno y mucho menos de un partido o un ocasional liderazgo- y, como compromiso de cada día, nunca deja de ser un desafío pendiente.
Pero asimismo debemos anotar que, aunque muchas de sus heridas y cicatrices aún se dejen ver y se hagan sentir, en buena medida aquel 30 de octubre de 1983 concluyó una larga y dramática etapa de la historia argentina.
Por Ricardo del Titto
Lunes, 30 de octubre de 2017
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