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La Corte Suprema interrogará al expresidente Jair Bolsonaro a partir del lunes
Brasil: avanza el juicio contra los bolsonaristas por intento de golpe

Fuentes del tribunal han dicho que la intención es que el juicio concluya este mismo año y que las sentencias pudieran ser dictadas entre octubre y noviembre.

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Miércoles, 4 de junio de 2025

La Corte Suprema de Brasil anunció que a partir del próximo 9 de junio comenzará a interrogar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros acusados de una conspiración golpista contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La fecha fue fijada por la Primera Sala del Supremo después de que el lunes declaró el último de los testigos convocados por los abogados de acusación y defensa: el senador Rogério Marinho, quien durante el tramo final de la gestión de Bolsonaro (2019-2022) se desempeñó como ministro de Desarrollo Regional y fue citado por la defensa.

Marinho dijo que, después de las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó al líder de la ultraderecha, tuvo solo una reunión con Bolsonaro, en la que participaron otros ministros, y que en ningún momento se habló de una conspiración. "Lo vi preocupado, con rabia por una derrota que no esperaba", pero designó a los ministros que dirigirían la transición del poder al nuevo Gobierno, declaró el senador, en la misma línea que otros exministros que han testimoniado ante los jueces.

Concluida esta fase, también serán consultadas la Fiscalía y las defensas de los acusados, a fin de saber si consideran que son necesarias otras diligencias para buscar nuevas pruebas, confirmar lo declarado por los testigos o incluso solicitar careos. Aún así, el magistrado Alexandre de Moraes, en su condición de relator del proceso, decidió que los interrogatorios a Bolsonaro y a los otros siete acusados juzgados en esta fase comenzarán a partir del 9 de junio próximo.

Fuentes del tribunal han dicho que la intención es que el juicio concluya este mismo año y que las sentencias pudieran ser dictadas entre octubre y noviembre. Las acusaciones son por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, que en conjunto pueden suponer condenas de hasta 40 años de cárcel. Desde el pasado 19 de mayo, declaró un total de 52 testigos, propuestos tanto por la acusación como por los abogados defensores.

Testimonios que complican a Bolsonaro
Según la acusación, la conspiración comenzó tras los comicios de octubre de 2022 y tenía como fin impedir la investidura de Lula. Esos planes habrían desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, cuando el líder progresista tenía una semana en el cargo y miles de bolsonaristas asaltaron el corazón del poder en Brasilia a fin de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno.

Los testimonios que más podrían comprometer a Bolsonaro fueron dados por dos antiguos jefes militares, que confirmaron haber sido convocados por el entonces presidente en diciembre de 2022, a fin de discutir alternativas para impedir la toma de posesión de Lula. Uno fue el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, quien dijo ante los jueces que Bolsonaro consultó a los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la posible implantación de un estado de sitio y una intervención en la Justicia electoral. Freire Gomes aclaró que se opuso y le advirtió al expresidente de que debía "evaluar todas las consecuencias", puesto que si avanzaba por ese camino sería "encuadrado jurídicamente".

Esa reunión fue confirmada por el exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, quien respaldó lo dicho por Freire Gomes y afirmó que las propuestas de Bolsonaro "atentaban contra el régimen democrático". Ambos coincidieron también en otro punto y declararon que el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, otro de los imputados en este proceso, fue el único jefe militar que no se opuso claramente a esos planes golpistas.

"Brasil defenderá a sus magistrados"
Por otro lado, el presidente Lula da Silva calificó este martes de terrorismo las gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, donde trabaja en favor de que la Casa Blanca sancione a magistrados de la Corte Suprema de Brasil. "Es inadmisible que el presidente de cualquier país del mundo opine sobre una decisión de la Corte Suprema de otro país", dijo Lula en una rueda de prensa, en alusión a la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump pueda aprobar algún tipo de sanción contra los jueces brasileños.

El diputado Eduardo Bolsonaro tomó una licencia de su escaño en marzo pasado y viajó a Estados Unidos, donde aún permanece, bajo el argumento de buscar justicia para su padre, Jair Bolsonaro, y otros referentes de la extrema derecha que responden ante los tribunales por golpismo. El legislador ha sugerido que sus gestiones ayudaron a que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara una suspensión de visados a funcionarios extranjeros que censuren a ciudadanos estadounidenses o que residan en ese país legalmente.

Aunque no se identificó quienes serían sancionados, en Brasil se estima que la medida alcance al magistrado Alexandre de Moraes. Además se ser relator en el Supremo del juicio por golpismo contra el expresidente Bolsonaro, es responsable de un proceso por desinformación, en el que ha llegado a bloquear temporalmente a la red social X y otras plataformas de internet.

Según Lula, es lamentable que un diputado brasileño, hijo de un expresidente, esté en Estados Unidos y convoque a ese país para meterse en la política interna de Brasil. "Eso es grave, es una práctica terrorista y antipatriótica, porque un diputado brasileño no puede ir a intentar lamer las botas de Trump y de sus asesores para pedir una intervención en la política brasileña", indicó el mandatario. "Por ahora solo tenemos la palabra de algunas personas en relación a esas posibles sanciones, pero garantizó que, si llegasen a concretarse, Brasil defenderá a sus magistrados y a toda la Corte Suprema", remarcó.

Condenada y fugada
Mientras tanto, la Fiscalía General de Brasil pidió ante la Corte Suprema una orden de prisión preventiva contra la diputada bolsonarista Carla Zambelli, quien abandonó el país tras ser condenada a 10 años de prisión, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes del Ministerio Público. La Fiscalía, que no divulgó detalles sobre la petición por encontrarse bajo sigilo judicial, también reclamó el bloqueo de los bienes de la política y la inclusión de su nombre en la lista roja de la Interpol, según medios brasileños.

Zambelli anunció más temprano que había dejado Brasil y que pretendía radicarse en algún país de Europa para denunciar la persecución que dice sufrir a manos del Supremo. "Estoy fuera de Brasil hace ya unos días, pero quiero dejar claro que no es abandonar el país ni desistir de mi lucha, sino que es resistir y enfrentar las ataduras que esta dictadura impuso", dijo en una entrevista con el portal AuriVerde, mientras que el medio brasileño O Globo reportó que la diputada cruzó por tierra la frontera con Argentina y que de allí voló a Estados Unidos.

Hace dos semanas fue declarada culpable de encomendar una invasión al sistema informático del Poder Judicial ocurrido en el marco del proceso electoral de 2022. La acusación de la Fiscalía, que resultó en su condena, sostuvo que el ataque informático fue planificado por Zambelli en el marco una fuerte campaña que el bolsonarismo impulsó aquel año con el fin de desacreditar el sistema de votación electrónico usado en Brasil. Esa misma campaña tuvo la participación del propio Bolsonaro, quien por asuntos relacionados a esa difusión de falsa información fue declarado culpable de abusos de poder político y económico por la Justicia electoral, que en 2023 lo inhabilitó por ocho años.

Zambelli, ya condenada por el ataque informático, responde ante los tribunales en otros procesos. Uno de ellos fue abierto después de que persiguió a punta de pistola a un simpatizante de Lula el día antes de las elecciones de octubre de 2022, por las calles de un barrio de São Paulo.

Miércoles, 4 de junio de 2025

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