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Jueves, 6 de Noviembre de 2025
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La denuncia en Fiscalía, la formuló el Dr. Rodrigo Nenda en calidad de abogado patrocinante de Lucas Martínez, padre del menor discriminado, quien fue impedido de ingresar con silla de ruedas al local comercial denominado “Mini Once”, durante la tarde del martes 4 de noviembre. La acusación es por incurrir en el delito de actos discriminatorios establecidos en el artículo Nº 3 de la Ley 23.592. Por otra parte el Juzgado de Familia de Paso de los Libres dictó una “medida autosatisfactiva” a favor del niño damnificado y ordenó al local comercial en cuestión, a que en lo sucesivo, permita “el libre acceso de toda persona con discapacidad, o movilidad reducida, absteniéndose de realizar conductas o manifestaciones que impliquen el trato desigual o discriminatorio”.
Hoy en horas del mediodía se formuló una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) por el Dr. Rodrigo Nenda en calidad de abogado patrocinante de Lucas Martínez, padre del menor discriminado, quien fue impedido de ingresar con silla de ruedas al local comercial denominado “Mini Once”, durante la tarde del martes 4 de noviembre.
La denuncia penal refiere a “actos discriminatorios agravados”, contra el niño damnificado, y está dirigida a quienes resulten autores o responsables del hecho.
La acusación es por incurrir en el delito de actos discriminatorios establecidos en el artículo Nº 3 de la ley 23.592.
Tras la repercusión del video donde el padre del niño, denunció el lamentable hecho, la firma comercial, en el día de la fecha, emitió un comunicado, “pidiendo disculpas” por lo ocurrido y culpó a la encargada del local, dejándola cesante en su trabajo.
Por otra parte, en el día de la fecha, el Juzgado de Familia de Paso de los Libres, cuya titular es la Dra. Marta Legarreta, dictó una “medida autosatisfactiva” a favor del niño damnificado y ordenó al local comercial en cuestión, a que en lo sucesivo, permita “el libre acceso de toda persona con discapacidad, o movilidad reducida, absteniéndose de realizar conductas o manifestaciones que impliquen el trato desigual o discriminatorio”.
A su vez, estableció un plazo de 30 días, para que tanto el titular del local, como su personal “realicen una capacitación en trato digno y acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad”. Por último, ordenó al Municipio que inspeccione el comercio “para verificar el cumplimiento de normas de accesibilidad”.
Por Ignacio Villanueva
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