La resolución, dictada por la jueza Marta Ruth Legarreta, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, hizo lugar a la presentación de la denunciante y dispuso que la funcionaria María Victoria Chalup Bracco, directora del área de Mujer, Género, Diversidad y Derechos del municipio, cese “todo acto u omisión que implique perturbación, intimidación, persecución, humillación o discriminación” hacia la víctima.

              

Miércoles, 1 de abril de 2026

El fallo dispuso medidas de protección para la trabajadora, que denunció persecución, discriminación y violencia institucional. La jueza también ordenó una evaluación psicológica y advirtió posibles sanciones más graves.

Denuncia por violencia y discriminación

Según consta en la presentación judicial, la trabajadora ingresó al municipio a través del cupo laboral trans, una política pública destinada a garantizar la inclusión de personas trans en el empleo estatal.

Sin embargo, denunció que desde el inicio de la actual gestión, en diciembre pasado, fue víctima de hostigamiento sistemático, maltrato y discriminación por su identidad de género.

Entre los hechos señalados, se incluyen el uso reiterado de pronombres masculinos, situaciones de humillación y exposición dentro del ámbito laboral, además de un cambio de funciones que agravó el conflicto.

Cambio de tareas y situación de vulnerabilidad

De acuerdo a la denuncia, la trabajadora fue apartada de sus tareas administrativas y trasladada a funciones de limpieza en la terminal de ómnibus, en horarios nocturnos y de madrugada.

Para la abogada patrocinante, esta situación configura un caso de violencia estructural con múltiples agravantes, entre ellos violencia de género, discriminación por identidad y una condición de vulnerabilidad socioeconómica.

El expediente también señala que el contexto de hostigamiento impactó en la salud mental de la víctima, quien debió iniciar tratamiento psicológico.

Medidas judiciales y advertencias

En su fallo, la jueza ordenó el cese inmediato de las conductas denunciadas y advirtió que podrían aplicarse sanciones más severas en caso de incumplimiento.

Además, dispuso la intervención del Cuerpo de Psicología Forense, que deberá evaluar el estado psíquico actual de la trabajadora en relación a los hechos denunciados.

La cuestión laboral seguirá en otro fuero

No obstante, la magistrada se declaró incompetente para resolver el fondo del conflicto laboral, es decir, la posible reincorporación de la trabajadora a sus funciones originales, por lo que esa cuestión deberá continuar en el fuero contencioso administrativo.

Un caso que trasciende lo laboral

El caso expone una situación que va más allá de un conflicto interno, ya que pone en debate el rol del Estado en la garantía de derechos y la no discriminación, especialmente en áreas vinculadas a género y diversidad.

En este sentido, el fallo remarca la necesidad de asegurar condiciones de igualdad, respeto y protección para colectivos históricamente vulnerados, como el de las personas trans.

Fuente: El Litoral

Miércoles, 1 de abril de 2026

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