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Decisión política del Ministerio de Seguridad de la provincia
Los funcionarios policiales condenados en primera instancia en la causa Alves Rubín, fueron pasados a “pasividad”

Cuatro fueron los policías condenados en primera instancia por el delito de “Amenazas”, a la pena de tres años de prisión en suspenso. Los tres que se encontraban en actividad, fueron pasados a “pasividad”. El cuarto, ya había sido separado de la fuerza policial con anterioridad, por otra condena que cumple en prisión. En la policía reina la inquietud por la decisión política de la cartera de Seguridad. En el plano judicial, tanto la querella como las defensas, objetan la decisión del Tribunal de Juicio, en declarar la prescripción de una de las acusaciones. Para la querella, representada por el Dr. Rodrigo Olivera Mansilla, la prescripción fue “una interpretación forzada del Tribunal”.

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Martes, 23 de junio de 2026

La causa Alves Rubín, sigue teniendo sus repercusiones, más allá del plano judicial.

El pasado 9 de junio, el Tribunal de Juicio de Paso de los Libres de manera unánime, había determinado, la prescripción de la acción penal, en el delito “Allanamiento ilegal de domicilio”, en el que se hallaban imputados, cuatro funcionarios policiales, Julio Gómez, Walter Solán, Gonzalo Salemi y Jorge García. Por otro lado, los declararon culpables y condenaron a la pena de tres años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación en la función pública, por la comisión del delito “Privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, agravada por el medio de comisión (Amenazas)”.

Ahora el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia, en una decisión política, resolvió el pase a “pasividad” de tres de los funcionarios policiales, condenados en primera instancia, Gómez, Salemi y García. Esto implica, separarlos temporalmente de la fuerza, la pérdida del estado policial, y el retiro del arma y la credencial, además de una reducción en el salario.

El caso puntual de Solán, ya había sido separado de la fuerza policial, el año pasado cuando recibió una condena a seis años de prisión, por una denuncia de violencia de género. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena, impuesta por el Tribunal de Juicio.

En los cuadros intermedios de la policía, la medida política de pasarlos a “pasividad”, generó inquietud y malestar. En conversaciones off the record con este medio, sostienen que “al menos es apresurada la decisión, ya que la condena no está firme”, independientemente de lo que finalmente se resuelva en otras instancias a las que se recurrirá.

En ese sentido, tanto las defensas como la querella, hicieron saber que recurrirán en casación lo resuelto por el Tribunal de Juicio en primera instancia, y coinciden en objetar, desde posturas e intereses distintos, la decisión de declarar la prescripción de una de las acusaciones.

Rodrigo Olivera Mansilla, abogado querellante, en representación de los hermanos Alves Rubín, confirmó a esta redacción, que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia y cuestionó la prescripción “el Tribunal de Juicio lo que hace es incurrir en una interpretación muy estricta e incluso muy forzada del artículo 67 del Código Penal, porque si bien el artículo 67 es claro, muy claro, los delitos cometidos en función de funcionario público, encima en el momento que se comete el delito e incluso ejerciendo la función como funcionario público, el artículo es claro, ahora lo que hace el Tribunal es forzar una interpretación, tomando un fallo y querer transmitirlo, agregando un nuevo condimento, agregando un nuevo elemento para que se dé la prescripción, esto de la obstrucción del funcionario público en el proceso” y enfatizó “eso para mí, según mi criterio y desde mi punto de vista, es para empezar, algo totalmente que atenta al régimen constitucional, porque lejos de querer crear un nuevo tipo de imprescriptibilidad como lo sostiene el Tribunal de Paso de los Libres, lo que hace es crear algo o sostener un nuevo supuesto, al dar la interpretación del espíritu de la ley, donde se debe probar esto que el imputado entorpeció el proceso, entonces ahí no correría la prescripción”.

Por Ignacio Villanueva










Martes, 23 de junio de 2026

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