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CASO MICAELA GARCÍA
La pregunta que la Justicia dejó sin responder: arranca en Gualeguay el nuevo juicio contra Néstor Pavón

En el proceso se juzgará su participación en el femicidio de Micaela García, asesinada en 2017. Serán ocho audiencias.

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Sábado, 24 de octubre de 2026

Más de nueve años después del feminicidio de Micaela García, la Justicia entrerriana retoma la parte de la causa que quedó sin resolver. Este jueves 29 de octubre comenzará en Gualeguay un nuevo juicio oral contra Néstor Pavón, que se extenderá a lo largo de ocho jornadas hasta el 11 de noviembre ante el tribunal integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali de la sala del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.

El foco ya no está puesto en la autoría material del crimen, sino en determinar si Pavón actuó en conjunto con Sebastián Wagner y debe responder como coautor de la privación ilegítima de la libertad, el abuso sexual y el feminicidio.

“Está muy claro que actuaron dos y que esa otra persona era Pavón”, afirmó Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, al referirse a las evidencias que, según la querella, señalan la participación de una segunda persona en el feminicidio de la joven. García reafirmó la convicción de la familia respecto de las pruebas que existen en la causa que determinarían la responsabilidad de Néstor Pavón como coautor del crimen.

El nuevo debate se realiza luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara la sentencia de la justicia entrerriana. Según el máximo tribunal, el tribunal local cerró la causa sin dar una respuesta fundada ni suficiente a las pruebas presentadas por la fiscalía y la querella, y omitió examinar de manera exhaustiva la posible participación de Pavón como coautor. Por ese motivo ordenó un nuevo juicio, con sustento en el dictamen del procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

El 1 de abril de 2017, Micaela, de 21 años, salió a bailar en Gualeguay y no volvió. Estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita. Su cuerpo apareció una semana después en una zona rural. Wagner, que había sido condenado por dos violaciones y gozaba de libertad condicional, recibió prisión perpetua en octubre de 2017. Pavón, su empleador, fue condenado a cinco años de prisión únicamente por encubrimiento: el tribunal consideró que ayudó a Wagner a eludir a la Justicia, pero desechó las pruebas que lo señalaban como partícipe del crimen.

En el nuevo proceso, la querella buscará acreditar esa participación. Los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, en representación de Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, padres de Micaela, sostendrán que Pavón fue coautor funcional del feminicidio y del abuso sexual, es decir, que actuó en conjunto con Wagner. Pavón es juzgado por esa imputación y rige, respecto de ella, la presunción de inocencia, que sostiene su defensa.

Iparraguirre sostuvo que existen expectativas muy favorables ante este juicio tras la resolución de la Corte, donde se cuestionó que la Justicia de Entre Ríos redujera la condena de Pavón a encubrimiento sin analizar adecuadamente las pruebas: “Las evidencias debían analizarse de manera concatenada y no como hechos aislados”, sostuvo el abogado en alusión al fallo de Casal y resolución de la Corte.


Un proceso más simple y limitado en lo probatorio

Desde la querella explicaron que el proceso se ha simplificado al excluir a implicados con sentencia firme, como Gabriel Otero (absuelto) y Fabián Ehcosor (condenado por encubrimiento). Sin embargo, Iparraguirre advirtió una limitación técnica clave: no se podrán aportar nuevas pruebas, aun cuando hoy existen pericias y herramientas de análisis, como el cruce de teléfonos celulares, que aportarían datos de precisión.

“Nosotros no podemos aportar nuevas pruebas, salvo que apareciera un hecho nuevo, una circunstancia nueva para este juicio”, indicó el abogado. Pese a esto, valoró que los testigos que ya se presentaron en el juicio anterior, están en condiciones de declarar y en el caso de quienes fallecieron, se pedirá que se incorpore la lectura de sus declaraciones. Además confirmó que solicitarán citar a Sebastián Wagner para que preste testificación.

Perspectiva de género y juicio público
Uno de los ejes de este nuevo plenario, según plantea la querella, será el cambio de paradigma social e institucional de la última década. Para Iparraguirre, la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para quienes integran los tres poderes del Estado, marcó un punto de inflexión: “Hay un antes y un después de este hecho en términos de reconocer las cuestiones de género y asumir los feminicidios como una práctica lamentablemente habitual en nuestro país”. Además, confía en que el tribunal actuará con una perspectiva acorde.

Respecto a la transparencia del proceso, se acordó que el juicio en Gualeguay sea público, con la presencia de familiares, la Fundación Micaela y organizaciones feministas: “La difusión de los actos judiciales es clave para que la sociedad sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió”, remarcó Iparraguirre.

La pregunta que la Justicia dejó sin responder: arranca en Gualeguay el nuevo juicio contra Néstor Pavón
Foto: Eitan Abramovich / AFP
El tiempo transcurrido: el nuevo juicio
Al evaluar este camino, Néstor García apuntó hacia las responsabilidades del sistema judicial y político que condicionaron la causa. Pese a las dilaciones y el desgaste, sostuvo que la búsqueda de justicia se entrelaza de forma inseparable con la formación y la prevención de las violencias.

“Tenemos el compromiso, el deber, las ganas y la voluntad de tratar de que esa sociedad con la que Micaela soñaba sea lo más cercana posible”, expresó García, y agregó que el juzgamiento de los responsables es necesario, pero no el único motor de transformación: “Estamos convencidos de que la sociedad no se cambia solamente con condenas”.

La demora judicial y la falta de respuesta fundada a los planteos de la acusación, que la propia Corte advirtió en su resolución, exponen una desatención institucional. Casi una década después del feminicidio de Micaela, su familia debe seguir reclamando que la Justicia examine a fondo qué ocurrió y determine las responsabilidades correspondientes. Ese recorrido implica un costo emocional, económico y personal para quienes, además de la pérdida, sostienen años de disputa judicial.

Cuando el acceso a la justicia depende de la capacidad de una familia para insistir y esperar, ese derecho pierde efectividad. Ante los crímenes contra las mujeres, esto obliga a revisar cómo se investigan los hechos y se valoran las pruebas. La perspectiva de género exige investigaciones con debida diligencia, estándar que fija la Convención de Belém do Pará, sin omisiones que prolonguen la incertidumbre.

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