La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien esta misma semana fue denunciado por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción. El magistrado le imputa el delito de asociación ilícita en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El ex vicepresidente fue arrestado por miembros de Prefectura y se espera que esta misma mañana sea llevado a los tribunales de Comodoro Py.

              

Viernes, 3 de noviembre de 2017

Tres días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el Gobierno de cajonear causas de corrupción, el juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. El arresto se concretó esta misma mañana. El ex vicepresidente será llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py.

El juez Lijo usó la figura de “asociación ilícita” -que suele utilizarse para solicitar una detención aunque también se trata de un delito excarcelable- para solicitar la detención del ex presidente, aunque según detalló Eduardo Durañona, el abogado de Boudou, en ninguna de las causas que se lo investiga se lo acusa de dicha figura. Lijo justificó la decisión por un posible "entorpecimiento de la investigación" aunque el propio denunciante reconoció que el ex ministro de Economía siempre estuvo a derecho y respondió ante cada requerimiento judicial.

La causa investiga al ex vicepresidente por supuesto lavado de dinero, donde está imputado como jefe de la asociación ilícita. Los encargados de realizar la detención a primeras horas de la mañana fueron agentes de la Prefectura Naval en su departamento de Puerto Madero. También fue detenido José María Núñez Carmona. Además, el juez solicitó el llamando a indagatoria inmediata a Agustina Kampfer, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López.

En la resolución que solicita la detención, Lijo sostiene que el ex vicepresidente formó parte de una asociación ilícita “destinada a cometer delitos con miras a la obstrucción de beneficios económico derivados de la actuación al margen de la ley” y solicita la prisión preventiva para evitar el entorpecimiento de la investigación, aunque la Cámara ya había descartado esa posibilidad.

“Me sorprende la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento”, aseguró Eduardo Durañona, abogado de Boudou, que además detalló que todos los martes el ex ministro de Economía se presentaba en Tribunales para cumplir con los requerimientos de la Justicia.

“El juez insistió en que hay ocultamiento de bienes, algo bastante curioso cuando hubo una pericia que duró más de dos años. Se está usando como maniobra hablar de asociación ilícita cuando en ninguna de las cusas que lo investigan está acusado de ese cargo”, remarcó Durañona, que diferenció lo que podría ser un requerimiento de justificación de la fiscalía a esta situación en donde “se están apurando todos los tiempos procesales”.

El pedido de detención sin ninguna justificación aparente sorprendió hasta los mismos denunciantes que no esperaban la orden de Lijo. "Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención", sostuvo a penas se conoció la orden de arresto Alejandro Sánchez Kalbermatten, el abogado que impulsa la denuncia contra el ex funcionario. "No conozco los fundamentos –insistió el letrado- Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa."

La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra "una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso". El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.

Viernes, 3 de noviembre de 2017

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