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El presidente está acusado de malversación de fondos públicos
Ecuador: el Parlamento de aprobó el juicio político a Guillermo Lasso
El texto fue votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional. Se espera una nueva votación la próxima semana para definir la continuidad del mandatario.
Miércoles, 10 de mayo de 2023
El Parlamento de Ecuador aprobó este martes con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos, y ahora el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar su destitución. La resolución se alcanzó gracias al respaldo de varias agrupaciones políticas, sobre todo de la correísta Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes. En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, votaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.
Presunto peculado
La solicitud es la de "enjuiciar políticamente al presidente de la República por la infracción constitucional de peculado", señaló el texto votado por una amplia mayoría de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión. Según la acusación, "se evidencia el desvío o distracción de los fondos" generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a la asambleísta Viviana Veloz, el presidente Lasso junto a un delegado suyo, Hernán Luque, "definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado". Veloz asegura que Lasso "conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec" y que incumplió su deber constitucional de impedir una supuesta trama de corrupción. La defensa del presidente alega que dicho contrato fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.
Veloz, una de los interpelantes para la causa, aseguró en Twitter: "Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará". Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de "Fuera Lasso" en el pleno del Parlamento.
Presunto peculado
La solicitud es la de "enjuiciar políticamente al presidente de la República por la infracción constitucional de peculado", señaló el texto votado por una amplia mayoría de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión. Según la acusación, "se evidencia el desvío o distracción de los fondos" generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a la asambleísta Viviana Veloz, el presidente Lasso junto a un delegado suyo, Hernán Luque, "definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado". Veloz asegura que Lasso "conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec" y que incumplió su deber constitucional de impedir una supuesta trama de corrupción. La defensa del presidente alega que dicho contrato fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.
Veloz, una de los interpelantes para la causa, aseguró en Twitter: "Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará". Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de "Fuera Lasso" en el pleno del Parlamento.
Lasso, de 67 años, ya dijo en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su "obligación poner la cara ante el pueblo". Sin embargo, también advirtió que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina "muerte cruzada".
Esta es la segunda ocasión en que la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría pero está dispersa, pretende remover del cargo al impopular mandatario. En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no alcanzó los votos necesarios.
Miércoles, 10 de mayo de 2023
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