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Ya son 174 los líderes sociales muertos en 2025
Colombia: Asesinaron a Julián Arenas, líder social del Pacto Histórico
El dirigente comunitario fue atacado a balazos cuando regresaba a su hogar en una zona de Chaparral, en Tolima. El presidente Petro exigió una investigación urgente para evitar que el crimen quede impune
Jueves, 20 de noviembre de 2025
El dirigente social y político colombiano, Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y excandidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico, fue asesinado en el departamento de Tolima. El crimen fue confirmado este miércoles por el propio presidente, Gustavo Petro, quien denunció el hecho a través de un mensaje publicado en redes sociales.
“Han asesinado a Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico en Chaparral”, expresó el mandatario, en respuesta a una declaración de repudio emitida por la senadora oficialista Jael Quiroga Carrillo. Arenas regresaba a su hogar el pasado 17 de noviembre cuando fue atacado con arma de fuego en la zona rural de La Marina, una región históricamente golpeada por la disputa territorial entre grupos armados.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) precisó que el homicidio ocurrió en el caserío Las Juntas y que el líder comunitario fue sorprendido mientras se dirigía a su residencia. Con su muerte, ya son 174 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025. La persistencia de la violencia contra referentes sociales vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en áreas rurales, donde las disputas entre estructuras armadas han llegado a un estado crítico.
Asesinar a “una joven promesa”
Arenas había sido candidato al Concejo de Chaparral en las elecciones de 2023 por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia en 2022. Su trayectoria incluía un trabajo activo en iniciativas de desarrollo rural, la promoción de alternativas productivas y la defensa de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), una figura legal destinada a proteger territorios campesinos y fortalecer economías locales. También se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Chaparral.
Para la senadora Quiroga Carrillo, Arenas se había convertido “en un referente para muchas familias del sur de Tolima” en su carrera política. “¡Han asesinado a una joven promesa, a un líder, a un gran compañero!”, escribió en sus redes.
La legisladora advirtió que el crimen “enluta a las comunidades del campo, (...) una región que durante décadas ha padecido la violencia sistemática contra sus líderes y lideresas”. Desde el Congreso, Quiroga Carrillo reclamó a la Fiscalía una investigación “inmediata, rigurosa y con resultados concretos” para evitar que el caso termine en la impunidad, como ocurre con la mayoría de los asesinatos de defensores y referentes comunitarios.
Indepaz recordó que en la zona donde ocurrió el ataque opera el Frente Ismael Ruiz, una estructura perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, además de otras bandas locales que disputan control territorial, rutas y economías ilegales.
La violencia contra líderes sociales continúa siendo uno de los indicadores más graves de la crisis de derechos humanos en Colombia. Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el país volvió a encabezar en 2024 la lista de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores ambientales, con casi 150 asesinatos, casi un tercio de las víctimas globales.
El crimen de Julián Arenas se suma a una larga serie de homicidios que afectan principalmente a quienes impulsan proyectos comunitarios, reclaman la implementación de los acuerdos de paz o promueven la organización territorial en zonas rurales. A su vez, su muerte vuelve a exponer la fragilidad del proceso de paz en regiones históricamente militarizadas y la necesidad de medidas urgentes para garantizar la protección de quienes sostienen el tejido social en territorios atravesados por la violencia.
La legisladora advirtió que el crimen “enluta a las comunidades del campo, (...) una región que durante décadas ha padecido la violencia sistemática contra sus líderes y lideresas”. Desde el Congreso, Quiroga Carrillo reclamó a la Fiscalía una investigación “inmediata, rigurosa y con resultados concretos” para evitar que el caso termine en la impunidad, como ocurre con la mayoría de los asesinatos de defensores y referentes comunitarios.
Indepaz recordó que en la zona donde ocurrió el ataque opera el Frente Ismael Ruiz, una estructura perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, además de otras bandas locales que disputan control territorial, rutas y economías ilegales.
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El crimen de Julián Arenas se suma a una larga serie de homicidios que afectan principalmente a quienes impulsan proyectos comunitarios, reclaman la implementación de los acuerdos de paz o promueven la organización territorial en zonas rurales. A su vez, su muerte vuelve a exponer la fragilidad del proceso de paz en regiones históricamente militarizadas y la necesidad de medidas urgentes para garantizar la protección de quienes sostienen el tejido social en territorios atravesados por la violencia.
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