Se trata de los recursos que se recaudan con el impuesto a los combustibles y que deberían usarse para mantener rutas nacionales. El gobierno los transfiere a cambio de respaldo.

              

Domingo, 16 de agosto de 2026

Una revelación periodística dejó al descubierto una serie de llamativas coincidencias entre pagos de un fondo vial a determinadas provincias y votaciones de iniciativas clave impulsadas por la gestión libertaria. Los casos fueron denunciados ante la Justicia Federal por la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, que presentó una segunda ampliación de su planteo inicial. Todo está ahora en manos del juez Julián Ercolini.

En la nueva ampliación, la denunciante analizó nueve votaciones legislativas que van desde junio de 2024 con la Ley Bases hasta mayo pasado, cuando se trató la Ley de Glaciares y Zonas Frías.

Según la hipótesis planteada en las presentaciones, el gobierno de Javier Milei habría usado los fondos del fideicomiso Sistema Vial Integrado (Sisvial) como una herramienta de negociación política con algunos gobernadores, con el objetivo de incidir en la conducta de sus legisladores en el Congreso. Ese fideicomiso se financia con un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como objetivo específico la reparación y mantenimiento de rutas nacionales. Podría haber sido usado para liberar fondos de manera selectiva y en momentos determinados.

La denuncia de Pagano sostiene que hay coincidencias entre las fechas de sesión y la concentración de determinados pagos. El objetivo de la presentación es que el Poder Judicial investigue la trama y determine si la discrecionalidad detectada fue efectivamente utilizada como un mecanismo para sumar votos e intentar el avance de las iniciativas.

Uno de los primeros episodios en los que puso el foco la denuncia ocurrió en el Ejercicio 2024 del Sisvial. Según Pagano, durante los primeros cinco meses de ese año no se registraron erogaciones, pero si las hubo el 10 y 11 de junio, es decir, al filo del tratamiento de la Ley Bases en el Senado, que fue el 12 de junio. La iniciativa terminó empatada y fue definida por el desempate de Victoria Villarruel. En esa ventana los pagos llegaron a $ 5367 millones.

En la nueva ampliación, la diputada recordó que cada voto fue decisivo y que entre esos estuvieron los de los representantes de provincias “pagadas” como Santa Cruz, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Así como enumera casos coincidentes, la denuncia menciona a Santiago del Estero, cuya Vialidad provincial cobró $ 9867 millones, en tres días coincidentes con sesiones clave para el gobierno, pero sus diputados siempre votaron en contra. “Dos lecturas posibles: o había una negociación en curso, o los pagos a Santiago del Estero sirven para diluir el patrón”, planteó Pagano.

En la segunda ampliación, Pagano sostuvo una vez más que la coincidencia de fechas no prueba por sí sola las sospechas. “La llave del caso es documental y está en poder del Estado”, afirmó.

La trama fue revelada el 11 de agosto pasado en una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, que detectó que durante los primeros cinco meses de 2026 el SISVIAL desembolsó $ 33.786 millones en apenas tres “ventanas legislativas”, es decir, períodos de pocos días alrededor de sesiones clave del Congreso. La investigación también registró una aceleración en el ritmo de los pagos. Durante esas ventanas, el monto desembolsado por jornada fue, en promedio, 3,44 veces superior al registrado durante los días restantes en los que el fideicomiso tuvo movimientos.

La denuncia de Pagano y sus correspondientes ampliaciones quedaron en manos del juez Ercolini. Al cierre de este artículo, fuentes judiciales señalaron que el magistrado todavía no le había girado las presentaciones al fiscal Franco Picardi para que las analice y estime si resulta pertinente avanzar en la apertura de una causa judicial y su correspondiente investigación.

Además de esas sospechas, días antes se había conocido que el gobierno nacional usó los fondos recaudados por el Sisvial mayoritariamente para sostener el venerado equilibrio fiscal, algo no contemplado en la afectación específica a obras viales. Según La Nación, en dos años y medio, la gestión libertaria recaudó $ 1,5 billones pero solo ejecutó $ 394.406 millones: el resto fue colocado en mecanismos de inversión como plazos fijos.

La situación fue admitida por el propio gobierno. El vocero Adrián Ravier dijo la semana pasada en El Diario de La Pampa: “No puedo decir ahora cuánto de lo que se recauda va al mantenimiento de rutas, pero sin duda que una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”.

Ya son dos las denuncias contra el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo por esa situación. La primera la presentó la diputada Victoria Tolosa Paz y la otra el diputado Maximiliano Ferraro. El viernes Caputo dijo a medios de Catamarca que “lo que efectivamente se invierte es en lo que se aprueba en el Presupuesto Nacional, esa es la obligatoriedad, es decir, la asignación específica no implica que haya que invertir todos los fondos porque hay, a veces, formas más eficientes de hacerlo”. En otras palabras, le tiró la pelota al Congreso. «

Domingo, 16 de agosto de 2026

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