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Un guiño a favor de las domiciliarias
La Corte Suprema abre otra puerta para los represores

Este viernes, sin demasiada difusión, los supremos firmaron una acordada que puede favorecer la salida de los represores de las cárceles. Crece la preocupación entre organismos de DDHH.

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La Corte Suprema firmó una acordada que puede favorecer a los represores que siguen presos y que desde hace tiempo le recriminan al Gobierno que ha hecho poco y nada para devolverlos a sus casas. Si bien no llegan a 80 los condenados o procesados por lesa humanidad que siguen en la cárcel, tras las rejas se encuentran algunos emblemas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta o Christian Federico von Wernich.

Este viernes, un día después del acuerdo en el que se vieron las caras para firmar una serie de fallos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron para rubricar la Acordada 21 de este año. En esta oportunidad, la acordada ordena la elaboración de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento penitenciario en que se encuentran alojados”.

El protocolo deberá ser realizado en un plazo de 30 días corridos por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la propia Corte Suprema. En un mes, el máximo tribunal tiene previsto distribuir ese documento entre jueces que atienden causas penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Pese a que no tuvo mucha difusión, en el Gobierno estaban al tanto de la decisión de la Corte Suprema. “Es supuestamente para unificar criterios”, explicaban ante la consulta de este diario.

La acordada recuerda que la ley exige que la decisión sobre si corresponde conceder el arresto domiciliario debe fundarse en un informe médico, otro psicológico y uno social. El juez encomienda que estos informes sean realizados por peritos. Con el argumento de que los jueces no conocen sobre temas médicos, la Corte Suprema encomienda hacer un protocolo que sistematice los criterios para abordar los casos. Entre la información que el protocolo debe contemplar está la respuesta que dan las autoridades penitenciarias sobre la posibilidad de tratar determinadas dolencias en un establecimiento que dependa de ellas.

Los fundamentos de la acordada recogen principios consagrados en la Constitución, como que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Sostiene, en esa misma línea, que se debe impedir el encarnizamiento en las condiciones de detención en los establecimientos carcelarios.

Entre las citas que ofreció la Corte Suprema estaban varios instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores –que suele ser invocada por los abogados de los represores–. Meses atrás, una decena de organizaciones pro-militares presentaron un hábeas corpus para favorecer la salida de las cárceles de los presos por lesa humanidad en el que sostenían que se violaba esa convención.

Dentro del texto de la acordada, hay un apartado que parece ser un mensaje que es música para los oídos de los represores y sus letrados. “El motivo del encarcelamiento no puede ser óbice para brindar al reo la atención que necesita, pues lo que está en juego es un principio elemental de humanidad”, afirman los supremos.

“Si fuera otra Corte, podríamos tener otra opinión, pero es ésta, y esa frase denota la real intención de la acordada: lo que no pudieron hacer antes con el 2x1 lo harán ahora”, advierte Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

En la Corte le atribuyen a Rosatti la autoría y el impulso de la acordada. Según las fuentes consultadas, el texto empezó a moverse en el cuarto piso en marzo de este año, a pocos días de que se cumplieran 50 años del último golpe de Estado y mientras corrían rumores de que el Gobierno podría conceder beneficios a los perpetradores. En la primera semana de junio –días antes de que se cumpliera el aniversario de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner–, hubo un intento de firmar la acordada, pero el tema se terminó postergando hasta este viernes.

En los tribunales de Comodoro Py, consideran que la acordada es un nuevo intento por favorecer a los presos por crímenes de lesa humanidad. Esos mismos magistrados inscriben la acordada dentro de una línea de continuidad que arranca con el fallo del 2x1 –firmado en mayo de 2017– y el fallo Carlos “Indio” Castillo sobre la extensión de las prisiones preventivas –firmado en octubre del año pasado–. Ninguna de las dos resoluciones sirvió para que los represores salieran de las cárceles porque básicamente los tribunales inferiores hicieron caso omiso a lo que habían dicho Rosatti, Rosenkrantz y quienes conformaron mayoría con ambos en cada una de las sentencias. Lorenzetti no acompañó en ninguno de esos dos casos.

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasó a depender del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich decidió concentrar a la gran mayoría de detenidos por crímenes contra la humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Según las estadísticas del SPF, en este momento, hay 58 reclusos en la U34. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) informó que hay otros 18 represores presos en otras unidades carcelarias. Se trata de un universo muy reducido. Según las estadísticas de ese organismo, hay 440 detenidos en arresto domiciliario. En otras palabras, más del 85 por ciento de los represores están en sus casas; menos del 15 por ciento, en la cárcel.

En reiteradas ocasiones, el SPF informa que no cuenta con las condiciones necesarias para alojar a los represores por las dolencias que suelen tener las personas mayores. Uno de los casos en los que se registró una respuesta de tal tenor fue el de Juan Daniel Amelong, el represor a quien Victoria Villarruel presentó como una víctima del proceso de justicia en el debate que sostuvo con Agustín Rossi antes de las elecciones de 2023.

En 2022, la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) realizó una inspección en la U34 y la Unidad 31 de Ezeiza, donde se concentraba la población carcelaria por crímenes de lesa humanidad. En el informe se mostraba que la U34 contaba con las comodidades necesarias para adultos mayores: baños adecuados, habitaciones amplias con televisores y aire acondicionado, espacios para caminata, gimnasio e incluso canchas de tenis.

Adriana Taboada, que por entonces integraba el cuerpo de peritos de la SDH y en la actualidad interviene por otras querellas, sostiene que se debería actualizar el informe sobre las condiciones de detención que se había hecho durante la gestión del Frente de Todos. “Veamos si este gobierno reivindicador del genocidio sostuvo o no las condiciones de una unidad donde se garantizaba la salud integral”, dice.

“Respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad, la justicia se preocupa por las domiciliarias –en las que están casi todos los condenados–, pero hasta aquí no se dio una política ni iniciativas para que esos condenados dejen de cometer delitos: la desaparición forzada es delito permanente hasta que se esclarezca la verdad, sin olvidar a los niños apropiados”, concluye Taboada.

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