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José Espinoza había sido censurado por el Congreso tras no asistir a una interpelación
Bolivia: el presidente Rodrigo Paz echó al ministro de Economía en medio de la crisis

En medio de la peor turbulencia económica en cuatro décadas, el presidente dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró de forma interina al actual ministro de Medio Ambiente.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica. La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno derechista de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver. La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.

Crisis y cambio de piezas
Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en el boletín oficial. Espinoza fue censurado el martes por el Congreso tras no comparecer a una citación para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el actual presupuesto. Esa actitud supondría su destitución, según establece la Constitución boliviana vigente desde 2009.

El ministro saliente pidió reprogramar la interpelación, al argumentar que tenía previstos viajes al departamento de Santa Cruz y a Brasil para atender asuntos oficiales, pero su solicitud fue rechazada por 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión que votaron a favor de censurarlo. La Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece que, una vez que esta sea resuelta y comunicada formalmente al presidente, este deberá destituir al ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas.

El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso. Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país. Espinoza anunció el mismo día una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y eventual destitución.

En anteriores censuras parlamentarias, los entonces presidentes de Bolivia Luis Arce (2020-2025) y Jeanine Áñez (2019-2020) destituyeron a ministros para luego restituirlos en sus cargos, una práctica cuestionada por críticos que consideraron que vulnera el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.

“No son momentos fáciles”
Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.

Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares. Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.

Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 al 5 por ciento, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de combustibles. “No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 y 1 por ciento, estima el ministerio de Economía. El gobierno atribuye esa caída a los 53 días de protestas y cortes de rutas de meses atrás, cuando distintos sectores reclamaron una salida a la crisis. Paz logró sofocar la agitación al declarar el estado de emergencia en junio y llegar a acuerdos con sindicatos obreros.

Las autoridades bolivianas ahora buscan abrir el país a inversiones extranjeras. Paz presentó a mediados de agosto un proyecto de ley para un nuevo régimen de inversiones, que contempla incentivos y cambios regulatorios. Según el gobierno, el porcentaje de inversión extranjera directa en otros países de la región oscila entre el 20 y el 30 por ciento del PBI, mientras que en Bolivia no supera el 2 o el 3 por ciento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ratificó en su informe de agosto que este año Bolivia tendrá un crecimiento económico de 0,5 por ciento, el más bajo de la región. Según el Banco Central de Bolivia (BCB), durante el primer semestre de 2026, la actividad económica registró un marcado deterioro, principalmente a los conflictos sociales y bloqueos de carreteras que afectaron al país durante más de 50 días, además de las dificultades para acceder al gasoil y el diesel.

Pero las protestas aún no terminan. El sector agropecuario de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, rechazó este jueves el retiro de la subvención al precio del diesel para los considerados “grandes consumidores” porque castiga a los productores y no resuelve los problemas de desabastecimiento del combustible. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) de Santa Cruz afirmó en un comunicado de prensa que la medida “golpea” a los agricultores y “deja intacta la cadena irregular que desvía diesel subvencionado hacia el mercado ilegal”.



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