El Congreso brasileño aprobó este miércoles una ley para impulsar la extracción de minerales críticos, una de las prioridades del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva frente a las presiones de Donald Trump.

              

Jueves, 3 de septiembre de 2026

El Senado votó a favor de la norma de forma simbólica, tras pasar previamente por la Cámara de Diputados, en lo que supone una victoria legislativa para Lula a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Qué dice la ley de minerales críticos

La medida busca promover la exploración de minerales críticos y tierras raras a través de incentivos fiscales de hasta 5.000 millones de reales (unos 980 millones de dólares) para quienes inviertan en este campo a lo largo de un periodo de cinco años.

Además, prevé la creación de un consejo gubernamental que regulará el sector y tendrá poder de veto sobre cambios de control societario en las empresas mineras, así como el establecimiento de un registro obligatorio para los proyectos.

La Agencia Nacional de Minería, a su vez, deberá priorizar la realización de procesos de concesión de áreas con potencial para la producción de este tipo de recursos naturales.

El proyecto de ley pasó varios meses frenado en el Senado, debido a conflictos entre los legisladores y el Gobierno, pero fue destrabado luego de un acuerdo con Lula.

Lula ha defendido la regulación del sector como parte de su discurso de defensa de la soberanía nacional, frente al empuje de la Casa Blanca por hacerse con los recursos naturales de otros países.

“Estamos creando las condiciones para que seamos capaces de dominar el ciclo completo de extracción, producción, manufactura y exportación”, afirmó el mandatario en redes sociales tras la votación.


Brasil cuenta con una de las mayores reservas mundiales de estos materiales esenciales para la transición energética y que son usados en una variedad de productos, desde baterías de vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas.

El texto aprobado le otorga al Ejecutivo el poder de vetar acuerdos con empresas extranjeras “que puedan afectar la seguridad económica o geopolítica” de Brasil, y se reserva el derecho a aprobar “la modificación del control societario” de las compañías del sector.

Jueves, 3 de septiembre de 2026

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