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GARANTÍA DE IMPUNIDAD
El gobierno confía en que Comodoro Py no investigará la fuga de Flávio Bolsonaro

Diversos operadores judiciales del oficialismo sostienen que "no hay ningún delito". Incluso desde Brasil han aclarado que el excandidato todavía no tenía medidas severas en su contra.

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Domingo, 1 de noviembre de 2026

Después de encarar una semana con buenas noticias judiciales a partir del sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina en la causa $Libra, en el gobierno hay tranquilidad. Confían en que el capítulo judicial que todavía está abierto por la huida de Flávio Bolsonaro vía Argentina no prosperará. Se trata de la investigación preliminar que se abrió en los tribunales de Comodoro Py, a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que apuntó contra el presidente y funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Una de las espadas judiciales de la gestión libertaria le expresó a Tiempo que no hay posibilidades de que el Poder Judicial encare una causa judicial “real” para investigar la posibilidad de que haya funcionarios involucrados en un delito detrás de la entrada de Bolsonaro a la Argentina. El entrecomillado se debe a que lo que se abrió en los últimos días es una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal.

Bolsonaro, que perdió el balotaje frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes a la noche e ingresó a territorio argentino por medio del puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçú (Brasil) con Puerto Iguazú, Misiones. Por vía terrestre, cruzó la frontera a las 22:50 horas, según confirmó la Cancillería argentina, y recorrió los poco más de 20 kilómetros que separan ese paso fronterizo con el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

Las denuncias que llegaron al Poder Judicial recogen las sospechas deslizadas en los medios de comunicación en los últimos días. Desde la supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. Incluyen también a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) por los trámites migratorios y la supuesta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que hizo en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza, además de integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Frente a ese panorama, en el gobierno no solo ratifican que no hubo ninguna irregularidad debido a que no había impedimentos de ingreso de Bolsonaro pese a la prohibición de salida del país que le impuso la Justicia brasileña. “No hay delito”, respondieron de manera contundente ante la consulta de este medio.

Panorama favorable
Hay dos elementos que tienen a favor para mantener la confianza. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú hizo una investigación preliminar sobre el ingreso del excandidato brasileño al país y determinó que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, algo que respaldó la Fiscalía de Revisión.

El segundo, es que en Buenos Aires todavía no hay una causa en términos formales, como se mencionó antes. Se debe a que la fiscal Paloma Ochoa no impulsó una investigación apenas recibió la denuncia, sino que le sugirió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, en base a eso, si corresponde avanzar formalmente hacia una investigación con un objeto más amplio sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Las medidas incluyen un exhorto al gobierno nacional para que preserve imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre. También informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre controles al avión de Baires Fly que abordó Bolsonaro junto a su familia en suelo argentino para llegar a Estados Unidos. Busca, además, el detalle de los controles sobre los pasajeros.

Pero una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso relacionado con la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país dispuesta por el juez Alexandre de Moraes. Ese punto es central para determinar un eventual incumplimiento de funciones por parte de autoridades argentinas.

De momento, Migraciones comunicó que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso de Bolsonaro. El jueves lo ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En paralelo, del lado brasileño la Policía Federal comunicó que no obran registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también dispuso insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar utilizado en ese país para controlar desplazamientos internacionales.

En un mismo comunicado, las autoridades brasileñas también aclararon que “la existencia de restricciones relacionadas con los documentos de viaje por sí sola no caracteriza la condición de fugitivo ni autoriza la realización de arresto, vigilancia permanente u otras medidas cautelares”. Ese punto explicaría la ausencia de alertas o impedimentos informada por Migraciones en la madrugada del miércoles una vez que Bolsonaro y su familia estaban en pleno vuelo rumbo a Miami.

Así las cosas, en la semana entrante podría existir una definición de Comodoro Py respecto a la denuncia de Solano. Una vez que esté la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde el impulso de la investigación y, en ese caso, proponer la realización de medidas de prueba. La representante del Ministerio Público también puede optar por postular la desestimación de la denuncia en caso de no encontrar elementos. «

Domingo, 1 de noviembre de 2026

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