El Gobierno declaró de interés público una concesión para modernizar Cotecar y el paso fronterizo con Brasil. Tres compañías presentaron la iniciativa y Jefatura de Gabinete deberá organizar la licitación.

              

Domingo, 15 de noviembre de 2026

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para transferir al sector privado la explotación de infraestructura estratégica en la frontera con Brasil. Mediante el Decreto 1350/2026, publicado en el Boletín Oficial, declaró de interés público una iniciativa empresarial destinada a modernizar y administrar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado, en Corrientes. El proyecto contempla una concesión de 20 años, prorrogable por otros cinco.

La propuesta fue impulsada por un grupo integrado por Empresa General Urquiza S.R.L., Servicios Logísticos Integrados S.R.L. y Da Fré Obras Civiles S.A., que busca desarrollar obras de infraestructura y servicios comerciales en uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Brasil. El plan incluye repavimentación, modernización de controles, sistemas de pesaje, instalaciones para transportistas y un parque solar destinado a abastecer parte de la operación.

La Jefatura de Gabinete, conducida por Diego Santilli, tendrá bajo su órbita el procedimiento para elegir al futuro concesionario, mientras las compañías promotoras buscan posicionarse en el movimiento internacional de mercaderías. Sin embargo, la declaración de interés público no constituye una adjudicación y todavía deberá desarrollarse el correspondiente proceso competitivo.

Tres empresas impulsan una concesión estratégica en la frontera con Brasil

La iniciativa presentada por Empresa General Urquiza, Servicios Logísticos Integrados y Da Fré Obras Civiles pretende reorganizar el funcionamiento del complejo fronterizo de Paso de los Libres, una instalación esencial para el tránsito de cargas entre Corrientes y la ciudad brasileña de Uruguaiana. El corredor es utilizado por transportistas, operadores aduaneros y empresas que realizan operaciones dentro del Mercosur.

Los antecedentes administrativos permiten identificar a representantes vinculados con el grupo promotor, entre ellos Luis Derudder, por Empresa General Urquiza; Néstor Santa Ana, por la firma logística; y Fernando Da Fré, por la compañía constructora. La ficha pública de la iniciativa también menciona a Eduardo Momo, relacionado con Corven Motos Argentina. Estas referencias ayudan a reconstruir la red empresaria que impulsó el proyecto, pero no equivalen a una acreditación de irregularidades o acuerdos políticos.

Durante el procedimiento previo se recibieron distintas propuestas, de las cuales la administración descartó varias por no cumplir las condiciones exigidas. La iniciativa finalmente declarada de interés público quedó asociada con las tres compañías mencionadas. El dato central es que las promotoras consiguieron el reconocimiento administrativo de su proyecto, pero todavía deberán atravesar las reglas aplicables a la competencia por la concesión.



COTECAR tendrá obras, servicios comerciales y un parque solar de un megavatio

El proyecto contempla una intervención sobre la infraestructura actualmente utilizada para el control y procesamiento del transporte internacional de cargas. Entre las obras previstas figuran la recuperación de áreas operativas, repavimentación de calzadas, mejoras de iluminación, nuevos sistemas de señalización, seguridad perimetral y equipamiento tecnológico destinado a agilizar inspecciones.

La propuesta también incluye instalaciones complementarias para el transporte de pasajeros y mercaderías. Se proyecta reorganizar la terminal de ómnibus, incorporar espacios de alojamiento y servicios para conductores, talleres, una estación de servicio y áreas comerciales. Estos desarrollos permitirían ampliar las actividades económicas dentro del predio, aunque sus características definitivas dependerán de los pliegos y del contrato que finalmente se adjudique.

Uno de los componentes previstos es un parque solar fotovoltaico de 1 megavatio, destinado a contribuir con el abastecimiento eléctrico del complejo y eventualmente entregar excedentes a la red. El modelo presentado contempla financiamiento privado y el pago de un canon por la concesión. Todavía no existe una adjudicación definitiva ni un monto total de inversión ejecutado, por lo que los beneficios económicos anunciados deberán verificarse durante el desarrollo del proyecto.

Santilli deberá organizar la licitación y definir quién explotará el complejo

El decreto le otorga a la Jefatura de Gabinete de Ministros la responsabilidad de avanzar con el procedimiento administrativo necesario para seleccionar al futuro concesionario. Eso incluye la elaboración de las condiciones de contratación y la organización de la licitación pública correspondiente, conforme al régimen de iniciativas privadas aplicable.

La intervención de Jefatura de Gabinete coloca a Diego Santilli en el centro de la responsabilidad política de un proyecto vinculado con infraestructura, logística y comercio exterior. Sin embargo, deberán identificarse las autoridades administrativas que firmen los pliegos, la evaluación y los actos de adjudicación. La competencia ministerial no demuestra por sí sola una intervención personal del jefe de Gabinete en cada decisión.

La principal discusión estará en las condiciones económicas del contrato. Será necesario conocer qué canon deberá pagar el concesionario, qué inversiones mínimas estarán comprometidas, cómo se calcularán las tarifas de los servicios y qué controles aplicará el Estado. Una concesión de veinte años implica una relación comercial prolongada sobre infraestructura pública, por lo que la transparencia del procedimiento y las obligaciones de inversión serán decisivas para evaluar el resultado.



El negocio fronterizo abre una discusión sobre costos y comercio exterior

Paso de los Libres–Uruguaiana constituye una conexión relevante para el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Las demoras en los controles, los problemas de infraestructura y los costos de espera pueden afectar la competitividad de empresas exportadoras, importadoras y transportistas. La modernización del complejo podría contribuir a mejorar esas condiciones, siempre que las obras se ejecuten y que los servicios funcionen de manera eficiente.

El esquema también plantea interrogantes para los usuarios. Los transportistas deberán conocer qué servicios pasarán a prestarse bajo la concesión, cuáles serán sus tarifas y cómo se regularán los eventuales aumentos. Una inversión privada puede mejorar instalaciones, pero su conveniencia económica dependerá de que los costos adicionales no neutralicen los beneficios logísticos. No existe todavía una reducción de tiempos ni de gastos operativos comprobada como consecuencia del decreto.

La próxima definición será conocer quiénes competirán por la explotación del complejo y bajo qué condiciones económicas. El Gobierno pretende transformar una infraestructura fronteriza mediante capital privado, mientras el grupo promotor busca convertir su iniciativa en un contrato de largo plazo.

Domingo, 15 de noviembre de 2026

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